En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos leer lo siguiente: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
El artículo 20 de la Constitución (¡oh, Constitución!) española reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
Y añade que «el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».
Previa, vale. Discutible, pero vale. Entonces, ¿qué ocurre cuando la maquinaria censora se pone en marcha a posteriori y desde los tribunales con el único fin de meter en el cuerpo el miedo que compre nuestros silencios?
Sólo en el último año hemos asistido, atónitos, a las denuncias que han recibido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la poeta Dolors Miquel por la lectura de un poema (en serio); al encarcelamiento de dos artistas por enaltecimiento del terrorismo en el transcurso de un espectáculo de títeres; a la imputación de Abel Azcona por profanación (también es en serio)…
La última llegaba esta misma semana: El Tribunal Supremo a condenado a César Strawberry a un año de cárcel por, ¡atención!, seis tuits (sí, en serio). Bueno, por humillación a las víctimas de ETA.
Porque ahora que no hay ETA todo sigue siendo ETA.
Y Carrero Blanco, es sabido, un pobre mártir de la democracia, un luchador incansable por los derechos humanos, ¿no?
Silencio, es España.
El país de Torquemada, el país que censura, pero cuyo presidente asistió a las manifestaciones masivas de París encabezadas por aquel, ya tristemente mítico, Je suis Charlie. ¡Cuánta hipocresía!
Por nuestra parte, volvemos a reivindicar —porque seguimos dudando si somos idealistas o gilipollas— esa romántica sentencia que reza lo que sigue: «Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo».
Porque decir, afortunadamente, no mata. Escribir no mata. Bromear no mata. Tuitear no mata. Matan las dictaduras y los recortes de quienes mamaron de ellas.
