Ayer los portavoces de Hacienda en el Congreso recibieron un fantástico regalo navideño. Se trata de un Calendario de Advierto, en el que la Alianza Española contra la Pobreza les ha dejado claro que sí hay dinero en los Presupuestos Generales del Estado 2017 para erradicar la pobreza y la desigualdad social. Sólo hay que buscarlo y recaudarlo de la manera adecuada. ¿Cómo? Empezando por estas 24 medidas, por ejemplo:
Estas reglas, que garantizarían esa recaudación, son urgentes, como también lo es asegurar que con ese dinero se garantizan las políticas sociales y los derechos de las personas.
Y es que el capítulo de ingresos en los PGE2017 debe elevarse para evitar que el costo del posible ajuste fiscal vuelva a ser pagado por los colectivos más vulnerables de la población española.
En España más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social. El 20 por ciento más pobre de la población española es el grupo que más renta ha perdido durante la crisis económica frente a las clases medias y altas.
Se aprovechó, además, para seguir denunciando que la lucha contra la pobreza y la desigualdad siguen sin ser una prioridad política.
Recaudación para garantizar derechos
En este sentido, la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, compuesta por más de 1.000 organizaciones sociales, alerta:
Los recortes que podrían producirse para cumplir con el déficit tendrán consecuencias nefastas y dramáticas para la vida de millones de personas, especialmente las más vulnerables.
España es el país que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la Unión Europea.
Los recortes sociales no pueden ser utilizados como herramienta para reducir el déficit. Si los próximos PGE17 precisan reducir partidas del capítulo de gastos, el Gobierno deberá hacerlo en aquellas que no supongan pérdidas de derechos sociales para la ciudadanía. La lucha contra la pobreza y la exclusión social, tanto en España como en otros países, y la inversión en políticas sociales deberían centrar el debate de los PGE17.
España es el tercer Estado con menos ingresos de la UE, sólo por detrás de Irlanda y de Portugal. En contraposición, España tiene el mayor fraude fiscal y la mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, las rentas más altas pagan proporcionalmente menos).
Y concluye: Cualquier medida que se plantee para salir de la crisis debe basarse en la solidaridad universal, la dignidad humana y debe poner en el centro a las personas como base de la cohesión social y territorial.
