Como os contábamos, a través de esta entrevista, el Congreso de los Diputados acogió ayer el debate ‘¿Qué hacemos con los paraísos fiscales?’, con motivo del aniversario de la publicación de los llamados Papeles de Panamá.
Este acto, organizado por la Plataforma por la Justicia Fiscal, ha reunido, entre otros a los diputados de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso: Juan Bravo, del Grupo Popular, Julián López – Milla, del Grupo Socialista, Alberto Garzón, del Grupo Unidos – Podemos y Francisco de la Torre, del Grupo Ciudadanos.
La Plataforma ha presentado a los diputados una posible proposición no de ley donde se comprometan a acabar con los paraísos fiscales estableciendo las siguientes medidas desde el Parlamento:
- Establecer una nueva lista de paraísos y territorios no cooperantes reales, incluyendo criterios de falta de cooperación fiscal y de baja o nula tributación.
- Gravámenes especiales a los movimientos con paraísos fiscales.
- No reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales.
- Sancionar o entorpecer a las empresas con fondos o filiales en paraísos la obtención de bonificaciones, concursos, exoneraciones fiscales y desgravaciones.
- Eliminar la exención a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidas en paraísos.
Algunos datos
El dinero oculto en paraísos fiscales en 2015 fue de 7,6 billones de dólares, una suma mayor que el PIB de Reino Unido y Alemania juntos, lo que supone una pérdida de ingresos fiscales de unos 190.000 millones de dólares al año, según el último informe de Oxfam Intermón. En España, las empresas del IBEX 35 tienen 891 filiales en paraísos. De ellas, BBVA y Santander (junto a otros 18 bancos europeos) ganaron 25.000 millones de euros en estos lugares en 2015, lo que representa el 26% de los beneficios obtenidos por los 20 principales bancos europeos.
Tan solo 15 paraísos fiscales atraen el doble de inversión desde nuestro país que toda América Latina o 43 veces más que China. La utilización de estos 15 paraísos fiscales para canalizar la inversión directa hacia España genera unas pérdidas en torno a los 1.550 millones de euros. Esta cantidad equivaldría al 58% del déficit que se estima tendrá el fondo de reserva de las pensiones en 2017, y es casi equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo.
Fotografía: 15mmalagacc ©
