Tiene los ojos azules y una sonrisa tan sincera como lo que es, un niño. Es uno de los tres hijos de Vicente, 43 años, viudo y sin trabajo desde hace una década.
Recibe en total 300 euros de ayuda al mes. Tiene una hipoteca y un acuerdo con el banco para paralizar el pago durante cuatro años, le queda uno y teme perderla.
«Cuando no tengo nada, en el quiosco me fían los materiales escolares y los voy pagando poco a poco. En el colegio también me ayudan, me pagan las excursiones de los niños y el comedor. Se pasa mal, no sé qué hacer, a veces voy a vender pañuelos, pero la policía me dice que no puedo. No lo entiendo, porque yo no pido dinero, solo pido la voluntad. No sé cómo lo hago… A veces hago pequeños trabajos y gano unos 30 euros y con ellos compro lo básico para que coman los niños: yogures, pan y fiambre. Cuando llegan las vacaciones me cuesta mucho más, pero a veces el ayuntamiento me ayuda con la comida», explica.
Es uno de los casos que ayer puso sobre la mesa Save the Children durante la presentación del informe ‘Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España‘.
Nuestro país está entre los países de la Unión Europea con más desigualdad. Y ésta afecta con especial crudeza a los niños: los menores de edad con menos recursos se han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos. Entre 2008 y 2015 el número de niños en situación de pobreza severa aumentó en 424.000.
«En España, un niño que nace en un hogar pobre está condenado de por vida a serlo. El Estado no permite que los niños tengan las mismas oportunidades, al contrario, les pone zancadillas a los que peor están. Ni las políticas públicas de protección social ni el sistema fiscal están diseñados para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza», afirma Andrés Conde, director general de Save the Children.
Precisamente una de las funciones del sistema tributario es redistribuir la riqueza, pero en España los impuestos tienen limitaciones para reducir la desigualdad porque proporcionalmente gravan más a las personas más pobres en relación con las más ricas. La población más pobre dedica más de un 28 por ciento de sus ingresos a pagar impuestos, solo el 10 por ciento más rico paga más, el resto de la población paga proporcionalmente menos.
Tampoco el sistema educativo es capaz de reducir las desigualdades. Aunque la escolarización es universal, la financiación y calidad de los servicios educativos favorecen más a unos alumnos que a otros. La consecuencia es que casi la mitad de los niños de familias más pobres acaba abandonando prematuramente sus estudios.
«Mi padre está en el paro porque la fábrica cerró. Mi madre está en casa buscando trabajo. Si mis padres dicen ‘no’ sé que es por algún motivo. Mis padres quieren que seamos felices, si dicen ‘no’ es porque no tienen dinero», explica Ana, una niña de 12 años de Vitoria.
No hace falta decir mucho más.
Fotografías: Pedro Armestre/Save the Children ©
