En tan sólo unas semanas desde el anuncio de los últimos planes del Ministerio de Educación, el famoso decreto 3+2, la respuesta social de rechazo contra esta medida ha sido tremenda. La iniciativa de recogida de firmas en change.org que desde el Sindicato de Estudiantes se ha lanzado contra este decreto ha conseguido una respuesta rotunda. Ya se han superado las 130.000 firmas contra el 3+2, gracias al apoyo de los miles de jóvenes, profesores, padres y trabajadores en general que han querido dejar claro su total oposición a un (otro) ataque a la Universidad Pública. Esta adhesión masiva de decenas de miles de personas es un reflejo de la profunda indignación que las medidas de Wert y del gobierno del PP llevan demasiado tiempo provocando.
El Gobierno del PP y su lamentable Ministro de Educación, José Ignacio Wert, quieren acabar con una de las conquistas más importantes para los jóvenes y los trabajadores: el acceso a la formación superior para la inmensa mayoría de las familias. Ya se sabe, una sociedad formada es más difícil de domar.
Con esta línea maestra han elaborado todos sus planes y reformas educativas. En la Universidad hace ya varios años que se sufren los efectos del aumento de hasta el 66 por ciento de las tasas, al mismo tiempo que se ha venido produciendo una considerable reducción de la cuantía de las becas y el endurecimiento de los requisitos para lograrlas. Estas medidas ya han provocado la expulsión de 45.000 estudiantes de la Universidad por no tener dinero, pero su carrera por destruir la Universidad Pública continúa a toda prisa.
Cómo afectará el decreto 3+2 a los estudiantes
El decreto 3+2 pretende cambiar la estructura de las enseñanzas universitarias por completo. El cambio fundamental radica en que los actuales grados, que constan de cuatro años pasarán a tres. Según explica el borrador del decreto estos tendrán un carácter «básico» y «generalista», es decir que no serán suficientes para adquirir la cualificación necesaria para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral como abogado, periodista, ingeniero, enfermero… Para obtener esa cualificación “especializada” —según el texto del decreto— será necesario cursar un máster que pasará de la duración actual de un año a dos años, con el correspondiente desembolso económico, que puede oscilar entre 8.000 y 14.000 euros para poder obtener un título universitario que sea reconocido en el mercado laboral.
El paso de los grados actuales a los nuevos grados de tres años de carácter básico y general, supondrá que muchos de los grados actuales se fusionen con otros de la misma rama, con lo cual se suprimirán muchos de los que existen actualmente.
Por otro lado, esta reforma tendrá también efectos devastadores entre el profesorado. Si actualmente ya existe una clara barrera económica entre los estudiantes de grado y máster por los precios que supone (del 1,4 millones del total de estudiantes universitarios, sólo son en torno a 100.000 son los que actualmente pueden estudiar un máster), es fácil hacerse una idea que cuántos profesores sobrarán cuando se suprima un curso entero en los grados. ¿Qué pasará con los profesores que imparten actualmente su materia a unos 325.000 estudiantes?
Por todo ello, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una nueva huelga general de 72 horas de toda la comunidad educativa, que comenzó ayer. Según el Sindicato de Estudiante, la primera jornada de huelga ha recibido un apoyo masivo y contundente. Hoy hay más de 100 manifestaciones estudiantiles convocadas en todos los territorios del Estado.
La huelga de estudiantes cuenta con el apoyo activo de la inmensa mayoría de la comunidad educativa, de la Marea Verde, de sindicatos de profesores, de asociaciones de padres y madres y de decenas de colectivos sociales; también de organizaciones como Podemos o Izquierda Unida.
